El Gobierno mexicano trabaja contra el reloj para fortalecer tres aspectos que, históricamente, Estados Unidos ha señalado como debilidades en la relación bilateral.
El Gobierno mexicano busca tener todos los hilos atados antes del 20 de enero. Donald Trump asumirá entonces su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, y la presidenta Claudia Sheinbaum ha anticipado los aspectos de la relación bilateral que podrían representar un dolor de cabeza para su Administración. En las últimas semanas, los funcionarios mexicanos trabajan a marchas forzadas en tres sectores en concreto: la legalidad de las aduanas, los consulados en territorio estadounidense y el tráfico ilegal de fentanilo. Estos tres sectores han demostrado históricamente ser los frentes más sensibles para el Gobierno de EE UU, independientemente de su orientación política.
Las primeras señales de Trump hacia México han sido de mano dura. Por un lado, está la amenaza de las deportaciones masivas de migrantes, que busca el refuerzo de la frontera entre ambos países. Al mismo tiempo, el republicano ha dejado caer sus dudas sobre la eficacia del tratado de libre comercio con México y Canadá, el TMEC, y ha anunciado que buscará una revisión anticipada del acuerdo. Y finalmente, ha asegurado que tomará acciones para intervenir de forma más directa en la lucha contra los cárteles mexicanos de la droga, declarándolos organizaciones terroristas.
Una vez puesto el tablero, Sheinbaum ha optado por un enfoque proactivo en el que el Gobierno busca hacerse cargo de cada uno de estos aspectos. La presidenta mexicana ya rechaza sin mucha alharaca los mensajes de Trump y ha puesto sobre la mesa las reglas del juego. “Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar. México es un país libre, soberano, independiente y no aceptamos injerencismo. Es colaboración, es coordinación, pero no es subordinación. Y vamos a ir construyendo la paz”, mencionó en un discurso en Mazatlán, Sinaloa, la semana pasada. La rudeza del republicano ha sido contrarrestada en el discurso con los límites de la morenista. El Gobierno mexicano ha emprendido en las últimas semanas una serie de medidas que podrían palear una crisis entre ambos países y, en el mejor de los escenarios, amortiguar los golpes que Trump decida emprender contra México.
Aduanas limpias
La guerra comercial de EE UU contra China ha dejado bajo la mira a México. El territorio mexicano se ha convertido en una especie de comodín que las empresas de manufactura aprovechan por su cercanía a EE UU y su pertenencia al tratado de libre comercio. Una especie de bendición y maldición a la vez: la inversión extranjera directa ha alcanzado niveles históricos en los últimos meses, al mismo tiempo que el comercio chino ha encontrado un camino en México para introducir sus productos en el continente americano, llamando la atención del sector más proteccionista de EE UU, respaldado por Trump. La amenaza del republicano es evaluar la pertinencia del TMEC, antes considerada la mejor herramienta de integración comercial en Occidente.
La alerta en México se ha traducido en el llamado Operativo Limpieza. Hace más de un mes que la Secretaría de Economía ha emprendido una rigurosa inspección del comercio chino en Ciudad de México, que más tarde se extendió a los Estados de Sonora, Coahuila y Baja California. El Gobierno mexicano decomisa productos, en su mayoría de origen asiático, que entraron ilegalmente a México a través de las aduanas. Lo que comenzó como simples acciones de confiscación de mercancías, se ha convertido en un gran plan para regular a los puertos que reciben estos productos.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, se ha puesto al frente de esta misión. En poco más de un mes ha decomisado 500 millones de pesos en mercancías ilegales y ha puesto a 47 agencias aduanales bajo investigación. “Lo que observamos es una absoluta falta de observancia de las normas mexicanas. Toda esa mercancía no puede acreditar la legal introducción al país. No se pueden vender esas cosas en México”, refirió Ebrard el viernes pasado para justificar la movilización.
La migración ha sido una de las bazas de la campaña presidencial de Donald Trump. Su tajante rechazo a la integración migratoria ha puesto inevitablemente el foco en México: la frontera más larga de América y donde ocurren la mayoría de los cruces de migrantes hacia Estados Unidos. Trump ha asegurado que emprenderá deportaciones masivas tan pronto como se instale en la Casa Blanca, a pesar de que ambos países han invertido esfuerzos para disminuir los cruces ilegales y buscar alternativas para la migración en diversos territorios de América Latina.
Ante la clara amenaza, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha emprendido el refuerzo de los 50 consulados en territorio estadounidense. La red consular más grande el mundo está preparada para asistir legalmente a miles de mexicanos, si los dichos de Trump empiezan a cumplirse en las próximas semanas, según ha asegurado el titular de la cartera, Juan Ramón de la Fuente. Esta fortaleza ha requerido, además, adquirir servicios de abogados externos especializados en migración y la creación de un botón de pánico —a través de una aplicación― para que los migrantes avisen al Gobierno mexicano de las detenciones.